La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha denunciado la existencia de un entramado de corrupción
conocido como el ‘Cartel de la Tierra’, que involucra a empresarios, políticos y narcotraficantes que han ocupado indebidamente al menos 16,000 hectáreas destinadas a la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia
Según el director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, estas tierras, ubicadas en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia, fueron entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas hace casi 20 años, pero han sido utilizadas por clanes familiares y actores cuestionados.
Se han identificado irregularidades como contratos de arrendamiento ilegales y presiones de autoridades locales para dilatar los procesos de entrega.
Entre los involucrados se encuentran figuras como Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista (Córdoba), vinculado a masacres paramilitares, y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘comandante Barbie’, con propiedades en Cesar y Valledupar.
Harman destacó la recuperación de dos predios en Meta, ocupados por herederos de Víctor Carranza. También se han cancelado contratos con arrendatarios cuestionados, como Charif El Hadaui Hernández, señalado por vínculos con el narcotráfico. La ANT está trabajando para recuperar más de 100,000 hectáreas mediante acuerdos con exjefes paramilitares designados como Gestores de Paz por el Gobierno Nacional.
La ANT ha avanzado en convenios con la Unidad de Víctimas por un valor de $700 mil millones, asegurando la compra de 53,000 hectáreas y finalizando contratos con ocupantes irregulares. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de mayor apoyo institucional y colaboración con la fiscalía general para investigar penalmente a los responsables.
Este caso pone en evidencia el profundo impacto que la corrupción tiene en la reparación a las víctimas del conflicto armado y el desarrollo rural en Colombia. Mientras tanto, campesinos y víctimas continúan esperando que se materialicen sus derechos, enfrentando luchas jurídicas y administrativas que el Estado busca resolver para cumplir con su deber de justicia social y reparación integral.
